LAS AUTONOMIAS SON EL PROBLEMA

En plan de broma, el gran articulista, Antonio Burgos, escribe, con burla, ironía y mucha razón lo siguiente: «siempre hay quienes quieren volver a las andadas, a la España unitaria y centralista donde no gozábamos de los beneficios del Titulo 8º de la Constitución, ni de la racionalidad de poder disfrutar de 17 defensores del pueblo, 17 tribunales de cuentas, 17 servicios de salud, 17 tribunales superiores de justicia, 17 concejos audiovisuales y 17 boletines oficiales. Nada, los fachas que no descansan. Y a cada instante quieren volver a “la unidad de las tierras y lo hombres de España”, sin tener en cuenta la felicidad que crean las autonomías, sobre todo a los que están enchufados en ellas, ora del PSOE, ora del PP, que no veas cómo viven».

Dejando a un lado la burla, resulta que la Constitución de 1978 no establece ningún modelo de Estado, desde el punto de vista de la descentralización del poder. En aquel momento, se basó la descentralización en dos aspectos. Se dijo, por un lado, que al estar el poder más cerca de los ciudadanos, disminuían, de forma natural y espontánea, las irregularidades, que pudieran producirse. He leído, no recuerdo dónde, que Napoleón pensaba lo contrario. Es preferible tener en París a unos pocos franceses robando grandes cantidades, que a muchos franceses robando en toda Francia pequeñas cantidades. Se dijo además que, si bien España era una unidad, mantenida así desde hacía siglos, existían una serie de provincias que tenían unas características diferenciales, que exigían poder tener un Estatuto, que aceptase esas características. Es cierto que existen algunas de esas características, pero es mucho más lo que une a los españoles en su conjunto, que lo que los separa. Esta situación ha llevado, hace unas semanas, a que los miembros del Senado, que podían hablar perfectamente en castellano o español, como quiera decirse, hablaron en catalán, vasco y gallego y tuvieron que someterse a la traducción de cada uno de estos idiomas. Todo esto resulta sencillamente ridículo. Pero tiene unas consecuencias económicas muy difíciles de superar. ¿Puede España progresar e, incluso, competir con 17 gobiernos autonómicos? ¿Se puede gobernar un país en estas condiciones? Recientemente, hace muy pocos años, han desaparecido Yugoeslavia y Checoeslovaquia. Ahora, no está lejos de desaparecer Bélgica. ¿Será éste el destino que le espera a España? En 1898 desapareció el Imperio español. ¿Nos tocará ahora contemplar la desaparición de la propia España? No faltan, sobre todo, en Cataluña y el País Vasco movimientos claramente independentistas.

Hablar de un estado federal, no parece fácil, pues ello exige la igualdad de derechos y deberes de todos los diversos estados que constituyen el Estado o la Nación central. Aquí, después del Estatut de Cataluña no parece fácil esa solución. Las correcciones que imponía el Tribunal Constitucional han sido olvidadas y ridiculizadas por los partidos catalanes. Cabe también preguntarse, ¿para qué sirve, si es que sirve para algo el Tribunal Constitucional? Y eso que tardó varios años en pronunciar su veredicto.

Un modelo asimétrico en el que estas tres autonomías catalanes, vascos y gallegos tuvieran unas cotas altas de autonomía, bordeando la independencia, y el resto de España mantuviese simplemente una amplia descentralización, ¿es esto posible? El resto de las autonomías ¿no querrán igualarse a las tres ya señaladas?

Recientemente, José María Aznar ha denunciado que España no podrá competir «ni en Europa ni en el mundo con unas comunidades autónomas aspirando a convertirse en mini-Estados», ha manifestado en la presentación de un estudio de FAES, sobre estas cuestiones. Aznar ha señalado que hoy “hay quien sigue patrocinando un destructivo juego” entre administraciones central y autonómica, que más que beneficiar, perjudica y que “hay quienes trabajan a favor de un estado residual, por considerar que es el único deseable”.

Se habla también de un Estado confederal, como posible solución, «cuando esa categoría ni existe hoy en el mundo ni puede existir, porque no es más que una estación de paso para la independencia» escribe Jorge de Esteban, catedrático de Derecho Constitucional.

Podríamos citar distintos temas. Pero nos viene a la cabeza por su importancia y su dificultad de solución: el problema del agua, que es un bien escaso. Los trasvases consiguen que el problema del agua se solucione más o menos pero causan problemas entre las autonomías. Porque no se tiene en cuenta que los ríos de España son ríos de España. No son ríos de Castilla La Mancha, de Cataluña o de La Rioja. El Ebro no es cántabro, castellano-leonés, riojano, aragonés o catalán. Pero todo esto no es fácil que lo entiendan las autonomías. Si todos cediesen, probablemente se conseguiría alguna solución pero ello implicaría un acuerdo. Lo que es improbable entre estos mini-Estados, que son las autonomías.