DN.- En Bolivia, los blancos, los occidentales, los europeos y especialmente los españoles somos discriminados, obligados a vivir con miedo y a veces con guardaespaldas, aislados. Los casos de abusos y discriminaciones son ya alarmantes.
Hace unos meses, un español apareció quemado vivo en un campo cercano a la ciudad de Santa Cruz, agonizó durante horas y al final murió por efecto de las quemaduras. La Embajada de España en Bolivia y el Consulado en Santa Cruz no quisieron correr con los gastos de sepelio del infortunado.
Desde que el Gobierno de Evo Morales asumiera sus funciones en el año 2005, el discurso xenófobo contra los blancos, los europeos y especialmente los españoles, ha dado como resultado una situación dramática para este colectivo minoritario en Bolivia, donde la mayoría de la población es mestiza y criolla.
Tanto el presidente de Bolivia Evo Morales como el vicepresidente, Álvaro García Linera, no cesan de avivar el fuego del odio antiespañol y repiten incesantemente el mismo mantra de los cinco siglos bajo el yugo de España. Este discurso incendiario ha calado hondo en una población mayoritariamente analfabeta y sin capacidad crítica para analizar acontecimientos históricos.
María, española residente en Bolivia desde hace más de una década, señala: “No aguantamos más, nos vamos, volvemos a España, aunque sea el peor momento para hacerlo por la crisis. Nos da hasta miedo salir a la calle, no sabes lo que te vas a encontrar, no puedo abrir la boca porque mi acento español me delata, todo lo que compro tengo que pagarlo mucho más caro que una persona de aquí, desde una lechuga hasta un arreglo de fontanería, y ojo con quejarse porque en el mejor de los casos te agreden y luego te roban todo lo que llevas encima”.
José es administrador de un Consorcio español que opera en Bolivia. “Todos los días recibimos denuncias tanto de los trabajadores, de los clientes y otros, debido al sentimiento contra todo lo español. Estoy obligado a ir con guardaespaldas. Hasta me han denunciado por intento de asesinato por despedir a un trabajador. Lo que parecía un buen negocio en principio, no ha resultado serlo tanto ya que para parar las denuncias estamos obligados a pagar a todo un sistema que gira alrededor del aparato judicial y policial. Es penoso lo que está ocurriendo”, denuncia.
La situación de Yolanda no es menos grave: “Mi hija lleva años siendo acosada en el colegio, de maneras sutiles a veces y otras no tanto; las alusiones despectivas a su color de piel son constantes. He hablado con los profesores, con la directora del centro, lo he denunciado ante la Defensoría del Menor, pero todo ha sido inútil, nadie nos hace caso, somos patos de otra laguna”.
Esta es una operación de limpieza ideológica y racial porque para uno de los blancos, europeos o españoles que se van, son veinte los que se callan, bajan la testuz, lamen la mano de quien les azota y se quedan en Bolivia aún en semejantes circunstancias.
“Forzosamente se puede uno ir, pero no es tan fácil, suspira un profesor que prefiere guardar el anonimato. Entonces, esperando, uno se esfuerza por llevar una vida normal. Se sabe delante de quien no se puede hablar. En qué lugares no se puede pasear”.
Andrea, boliviana, tiene a su hijo estudiando en un colegio católico de Bolivia y nos comenta que de un tiempo a esta parte, en las reuniones de padres, se han propuesto expulsar a todos los religiosos españoles, pese a que algunos llevan más de cincuenta años en la docencia. Ella dice no estar de acuerdo, pero su opinión en las reuniones de padres no es compartida por la mayoría, que incluso la acusan de proespañola.
Amaya es una estudiante española de intercambio en una conocida Universidad del país y narra la terrible situación por la que atraviesa: “Un compañero en la Universidad me sustrajo mi estuche, lo ví con mis propios ojos y lo denuncié ante el Rectorado de la Universidad ¡En buena hora! Les faltó poco para expedientarme y echarme de la Universidad. Al ladrón, sin embargo, casi lo ponen en el cuadro de honor. A él le han ayudado en todo, ha mejorado todas sus calificaciones académicas. Todos apoyaron al ladrón porque era boliviano; a mí, sin embargo, como era española, me hicieron el vacío como si fuera una apestada y empezó un bestial acoso que dura hasta hoy”.
Una encuesta realizada el pasado abril testimonia el miedo palpable de los españoles en Bolivia: 9 de cada 10 tienen miedo a responder cuando se sienten acosados por los nativos y un tercio de la población no se atreve a exponer libremente sus opiniones.
Carlos, empresario español en Bolivia, subraya que “vivimos en un país donde si eres español te tienes que callar porque de lo contrario te puedes enfrentar a una agresión física y si lo denuncias jamás le dan la razón a un extranjero”. Otros se están trasladando a Brasil, Perú, Argentina y Paraguay, los países vecinos.
“Vivo clausurado en el domicilio. Salir es complicado”, cuenta Raúl, “no soy de los que me callo, he denunciado esta situación que vivimos en Bolivia y cuál ha sido la respuesta: me han roto los cristales de mi vehículo en dos ocasiones, me han rajado las ruedas otra vez y después de ello me han denunciado por agresiones. Han entrado en mi casa, han registrado mis papeles y se han llevado varios documentos con total impunidad, porque la policía ni siquiera me admite la denuncia”.
Marta es propietaria de unas plazas de garaje en el centro de la ciudad y denuncia que “se han empeñado en quedarse con ellas”. Ha tenido que sufrir presiones, intimidaciones, amenazas y hasta ver impotente cómo agredían a su hija. “Es kafkiano todo esto”, lamenta. “Para los españoles, el mundo es al revés. Le pegan a mi hija y me denuncian a mí y lo peor es que, al ser española, está claro a quién van a creer y a quien van a dar la razón. No quería hacerlo pero me veo obligada a venderles las plazas de garaje y al precio que ellos fijen”.
A pesar de las reiteradas denuncias efectuadas ante la Embajada de España en Bolivia, las autoridades españolas no han reaccionado. Antes al contrario, culpan a las víctimas o evitan tomar partido. No parecen compatriotas sino más bien incompetentes a sueldo del Gobierno boliviano.
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