Son altos funcionarios, empresarios y muchos están afiliados al partido gobernante. Responsables de 90 asesinatos en España, viven protegidos por Chávez, algunos con escolta, en barrios de clase media. . Morales y J. Molina. Madrid
Al menos medio centenar de etarras residen en Venezuela protegidos y/o empleados por Hugo Chávez. Una treintena de ellos llegaron hace ahora 20 años al país, gracias a un acuerdo entre el entonces presidente español Felipe González, y el venezolano, Carlos Andrés Pérez, pero ha sido el régimen bolivariano el que les ha dado total impunidad y la posibilidad de que algunos de ellos, como Arturo Cubillas Fontán, colaboren activamente con ETA como enlaces entre la banda y las FARC.
LA GACETA ha hecho un seguimiento exhaustivo de la vida de los etarras en Venezuela, a través de sus documentos oficiales –seguros sociales, registro electoral y afiliaciones a asociaciones y partidos– e informes policiales, pudiendo constatar que muchos de ellos viven un exilio dorado y siguen colaborando activamente con la banda.
El enlace de ETA
Cubillas ha sido señalado en numerosas ocasiones como el responsable del entrenamiento de etarras en Venezuela y el nexo entre los terroristas españoles y las FARC.
Su casa en el barrio del Valle Abajo de Caracas, una zona residencial de clase media a sólo 10 minutos del Ministerio de Tierras donde trabaja, es paso obligado de los etarras y simpatizantes de la izquierda abertzale que llega a Caracas.
Cubillas Fontán, responsable de al menos tres asesinatos, ha desempeñado múltiples oficios desde que aterrizó en Venezuela en 1989, desde contable en una empresa constructora hasta hostelero o empleado en la empresa de pescaderías Deusto Mar.
Desde 2005 es, según la Gaceta Oficial de Venezuela, responsable de las expropiaciones de tierras en el país, que han tenido como víctimas a casi 40.000 pequeños propietarios, en buena parte españoles.
Pese a que ostenta un cargo oficial desde hace cinco años, sólo ha cotizado tres. Su sueldo es bastante superior al del resto de los etarras que trabajan en el ministerio favorito de Hugo Chávez.
Su mujer, Goizeder Odriozola, periodista y nacida en Venezuela, fue directora de la revista Irrintzi –revista dirigida al exilio vasco– y ha sido colaboradora de Gara. Odraizola, actual directora general de la Oficina de Información y Relaciones Públicas del Ministerio de Tierras, también ha tenido cargos de responsabilidad en el Ministerio de Presidencia y en el de Educación cuando Adán Chávez, hermano de Hugo, era ministro.
Es una de las duras del régimen chavista y la responsable a través de sus excelentes contactos de que muchos etarras sean funcionarios y cargos públicos del Gobierno bolivariano.
María Asunción Arana Altuna, alias Olivia, es la viuda de José Miguel Beñarán Ordeñana, Argala. Se encarga de dirigir y buscar alojamiento a los etarras refugiados en el país caribeño. Forma parte de las agrupaciones de refugiados y deportados de ETA en Venezuela y mantiene relaciones con el colectivo etarra de relaciones internacionales Askapena. Trabaja como vicedirectora del Instituto Nacional de Tierras y tiene concedida la nacionalidad venezolana. Arana reside en el distrito centro del Libertador de Caracas, muy cerca de la casa de Cubillas y Odraizola, y comparte abogado con el terrorista.
Algunos de los etarras investigados pertenecen al partido oficialista PSUV, como Francisco Xabier Arruti Imaz, que ha sido alcalde encargado de Monseñor Iturriza y actualmente mantiene un cargo político en Chichiriviche.
Otro de los etarras que han huido de la Justicia española y que viven en Venezuela es Pedro Viles Escobar. Reside en Güiria y tiene nacionalidad venezolana. Viles fue el jefe del comando Poeta de ETA. Mató al empresario Rafael Vega Gil por no pagar el impuesto revolucionario.Tras exiliarse a Venezuela creó la factoría de comercialización de pescado Deusto Mar, en la que ha trabajado Cubillas. Posteriormente regentó Sotera, beneficiándose de cuantiosas subvenciones del Estado venezolano. Viles ha dado cobijo a otros etarras como Miguel Ángel Aldana Barrena o José Lorenzo Ayestarán, que posteriormente entró a servir al Instituto Nacional de Tierras y que finalmente fue detenido en febrero del año pasado en Francia. Viles también ha llevado otras cooperativas como Multipesca, situada en Güiria, ciudad costeña. Según el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, Viles tiene cotizados 4.600,06 bolívares y a partir de 2019 podrá cobrar su pensión del Estado venezolano con tan sólo 60 años.
Otro etarra que ha trabajado con Viles es José Luis Esquísabel Urdangarín, como evidencia una decisión del Alto Tribunal venezolano de 30 de abril de 2008. A través de este expediente se constata que Esquísabel es el presidente de Sotera, el negocio de Viles Escobar, y que esta empresa se inscribió ante el Registro Mercantil en 1992. Esquísabel tiene nacionalidad venezolana.
Tras matar a 10 personas, Eugenio Barrutiabengoa Zabarte se trasladó a Venezuela para empezar una nueva vida junto a su esposa María Ángeles Artola Echevarría, relacionada con un atentado contra la Armada y en el que murió un marinero en Fuenterrabía. María Ángeles, que posee la nacionalidad venezolana, ha trabajado en la empresa caraqueña Euki Exclusivas Unidas. Ángeles Artola ha cotizado sólo 805,43 bolívares y su pensión la percibirá a partir del 7 de julio de 2013.
Barrutiabengoa estuvo empleado en una empresa de la localidad de Guatire, una ciudad de 200.000 habitantes en la costa venezolana. Ha trabajado también para Inversiones Mastegres CA –filial de una empresa radicada en Derio (Vizcaya)– como jefe de almacén. Su patrono era Ignacio Juaristi Suárez. Según el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, Eugenio Barrutiabengoa tiene cotizados 6.510,63 bolívares desde el año 1996. Actualmente trabaja para el Instituto Nacional de Tierras y tiene concedida la nacionalidad venezolana.
Otro etarra que también trabaja para el INTI es Jesús Ricardo Urteaga Repulles, alias Txetxu. Está acusado de cuatro asesinatos. Sus primeros pasos en Venezuela le situaron en Maracay, al sur de Caracas.
Luis María Olalde Quintela es otro de los etarras empleados por el INTI y que tiene la nacionalidad venezolana. El azcoitano está acusado de cuatro asesinatos. El terrorista Olalde vive en el Sector Manzanares, en Galipán.
Anteriormente trabajó en Prado de María y en Inversiones Mastergres, empresa de cerámica, situada en la avenida Nueva Granada, en Las Acacias, Caracas.
Tiene un total de 73.776,82 bolívares cotizados desde 1996. Su último salario es de 750 bolívares. El etarra Olalde se afilió a la Seguridad Social venezolana el 1 de mayo de 1992 y podrá jubilarse en 2017.
A Miguel Ángel Aldana Barrena se le atribuye la participación en una treintena de atentados con 18 asesinatos. Su exilio en Venezuela le ha permitido trabajar junto al etarra Juan Carlos Arriarán Ibarra en una empresa denominada Talleres Transa, en Cumaná. Desde el 4 de agosto de 1995 y hasta abril de 2009 el terrorista Aldana trabajó en un taller de reparación de atuneros. La empresa se encuentra en la calle Marino, número 119 de Cumaná y el responsable es José Leonardo de Abreu Asención. La sociedad acumula una deuda junto a sus intereses de 4.901,83 bolívares. Según el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, Miguel Ángel Aldana empezó a cotizar el 6 de marzo de 1990 y su fecha de contingencia fue el 24 de abril de 2009. Actualmente percibe prestaciones sociales del Gobierno venezolano.
En la misma empresa que Aldana ha trabajado Ignacio José Echániz Oñatibia. Echániz, nacional de Venezuela, tiene cotizados tan sólo 52,49 bolívares. A partir del 9 de septiembre de 2014 podrá jubilarse.
José Ángel Mutizábal Galarraga ha trabajado en la Atunera de Oriente Atorsa y también ha obtenido la nacionalidad. Según una sentencia, compró una camioneta Chevrolet a Ignacio Lequerica en Puerto de La Cruz, pero por otra parte ese mismo vehículo lo vendió Eugenio Barrutiabengoa Zabarte a otra persona, lo que provocó que Lequerica acudiera a los tribunales. Finalmente se le dio la razón a José Ángel Mutizábal.
Ignacio Echeverría Landazábal reside en la localidad de San Diego, al oeste de Caracas, y ha trabajado en la factoría Aceros Laminados del municipio de Tinaquillo. Echeverría ha cotizado 78.871,44 bolívares y se retirará en 2017.
Otro de los terroristas que ha disfrutado del calor del régimen bolivariano es José Lorenzo Ayestarán Legorburu, que fue detenido en Francia el 28 de febrero del año pasado. Ayestarán cometió tres crímenes y ha trabajado también en el Instituto Nacional de Tierras. Anteriormente ha vivido en Cumaná.
Juan Carlos Arriaran Ibarra reside en Cigüire y trabaja actualmente en Ann Mary, cuyo negocio lleva Alejandro Elduagen Uranga. Arriaran ostenta la nacionalidad venezolana y ha cotizado 111.193 bolívares.
Estas son las trayectorias vitales y laborales de una parte de los etarras refugiados en la Venezuela bolivariana, responsables de uno de cada diez asesinatos de la organización terrorista ETA, y que aspiran a terminar sus días en el paraíso del socialismo revolucionario protegidos por Hugo Chávez.
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